RESEÑA HISTÓRICA

En épocas de la colonia se crea el Tribunal de la Real Audiencia de Santo Domingo, órgano, que entre otras funciones, se encargaba de vigilar a los altos funcionarios de la corona y fiscalizar a los virreyes.

En el año 1604 se crear los Tribunales de Cuentas, que hicieron las veces de las Contralorías territoriales en los virreinatos, capitanías y presidencias.

Cerca de 1821, cuando se constituye la República de Colombia, el General Santander se encarga de impulsar la Ley Principal contra los Empleados de Hacienda, la cual consideraba medidas drásticas, inclusive la pena de muerte, para los funcionarios a quienes se les probara haber efectuado fraude o malversación de los bienes.

Posteriormente la Constitución del Socorro, consagraba que las cuentas del tesoro público se imprimirían cada año, para que la comunidad se enterara en que se gastaban los tributos.

El Libertador por su parte, encomendó el manejo y control presupuestal al Tribunal Mayor de Cuentas y a la Superintendencia General de Hacienda, ejerciendo esta última, funciones de Contraloría.

En 1832 se revive la Contaduría General de Hacienda, la cual es remplazada en 1847 por una Corte de Cuentas, entidad que igualmente es remplazada en 1850 por la Oficina de Cuentas.

En 1873 se expide el Código Fiscal, que instaura nuevamente la Corte de Cuentas, la cual es conformada por Magistrados elegidos por el Senado de la República y la Cámara de Representantes.

La ley 60 de 1922 autorizó al gobierno del presidente Pedro Nel Ospina para “Contratar en el exterior y hacer venir al país cinco expertos en asuntos de administración pública”, Edwin Walter Kemmerer presidió esta misión y en dos meses a partir del 10 de marzo de 1923 se entregaron las recomendaciones que dieron origen a la ley 25 del Banco de la República; la ley 31 sobre número y nomenclatura de los ministerios, la ley 45 de la Superintendencia Bancaria, y Ley 42 que creó el Servicio Nacional Administrativo de Departamento de Contraloría como un organismo independiente de los demás departamentos administrativos.

La creación de la Contraloría obedeció a situaciones coyunturales que obligaban a la formulación de un sistema de control fiscal uniforme, como los 25 millones de dólares recibidos de Estados Unidos por la venta de Panamá y la presencia de grandes empresas estadounidenses en el país.

Con motivo de lo anterior se expide la Ley 42 de 1923 que creaba el departamento de Contraloría y mediante Acuerdo 11 de marzo 3 de 1942 se crea una oficina de contabilidad y control fiscal que se denominó Contraloría Municipal de Ibagué y se le señalaron sus funciones, encargada de fiscalizar el recaudo e inversión de los fondos, la ejecución de los presupuestos Municipales y contabilizar los fondos y bienes del municipio y de conceptuar sobre su legalidad y conveniencia por medio de informes que rinde al Concejo Municipal de Ibagué.

Con la Constitución Colombiana de 1991, el Control Fiscal queda posterior y selectivo, eliminando el Previo y perceptivo. La Ley 42 de 1993 y sus complementarias 610 de 2000 (Responsabilidad Fiscal) y 678 de 2001 (Responsabilidad Patrimonial) establecen los lineamientos del nuevo control fiscal.

Desde hace 50 años, la Contraloría Municipal de Ibagué viene ejerciendo sus funciones como un órgano de control del estado, del nivel territorial, de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal para administrar asuntos en los términos y en las condiciones establecidas en la constitución y las leyes.