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Control Social

El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar, de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados de acuerdo con lo establecido en la regulación aplicable y correcta utilización de los recursos y bienes públicos. El concepto ampliado lo brindan los artículos 60, 61 y 63 de la Ley 1757 de 2015.

Aparte de los mecanismos de veeduría de los servicios públicos y de los servicios de salud entre otros establecidos en la ley, existe la posibilidad de constitución de veedurías ciudadanas para la vigilancia de la inversión de los recursos públicos en temas específicos, como construcción de obras públicas y la ejecución de proyectos y programas sociales.

 

Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación  que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre  la gestión pública, a las autoridades administrativas,  políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos  de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país y que estén  encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.  Para conocer más información sobre el funcionamiento de las veedurías, ver la Ley 850 de 2003.

 

Dentro del Plan Estratégico se han incluido los proyectos y actividades tendientes a promover el control social (Según lo contenido en el Plan Estratégico)

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